El 23 de agosto del 2019, Daniel García y Reyes Alpízar salieron del Penal Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, para continuar con su proceso en libertad, tras permanecer casi 18 años en prisión preventiva.
Ambos fueron detenidos por el asesinato de la exregidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre del 2001.
Sin embargo, la libertad ha sido una meta que parece todavía inalcanzable para la familia Alpízar, ya que padecen los estragos y atropellos que vivieron junto a Reyes, por casi 20 años.
Reyes Alpízar, después de beber un sorbo a su vaso de refresco, dijo a Once Noticias que una de las principales afectaciones por este atropello de injusticia son las visibles afectaciones en su cuerpo además de las secuelas psicológicas que padece él y su familia, y la dolorosa irrupción de sus proyectos de vida.
Amnistía Internacional ha mencionado en sus distintos informes que las autoridades en México “a menudo, han ignorado, o incluso han permitido tácitamente, el uso de la tortura u otros malos tratos, al considerarlo ‘necesario’ para que la policía y las Fuerzas Armadas atrapen a presuntos delincuentes y tranquilizar a la opinión pública. Esta cultura de la impunidad aún persiste. La tortura y los malos tratos se han utilizado para lograr diversos objetivos: para obtener confesiones o declaraciones que impliquen a otras personas, para obtener información, para obtener dinero mediante extorsión, y para inspirar temor y lograr un sometimiento”.
Reyes hizo hincapié en que su mayor preocupación es su familia que ha padecido las huellas de tortura y de prisión preventiva.
“Quizás esa parte no la han escuchado los medios, ni la sociedad y mucho menos el gobierno. Mis hijos también tienen secuelas y tienen huellas con las que quizás hemos aprendido a vivir, tal vez debemos exponerlas para sanarlas, porque psicológicamente, nos ha afectado mucho”.
Marcas en el cuerpo, marcas en las vidas
Reyes tiene marcas de la tortura y sus afectaciones necesitan intervenciones quirúrgicas, ya que comienzan a cobrar factura sobre su cuerpo. Ante tal, denunció que el gobierno ha hecho caso omiso a la reparación del daño.
“A cada uno de nosotros nos dieron ciertas citas con psicología, para cada uno de mis hijos y a mí. Hasta la fecha todavía me siguen haciendo entrevistas vía telefónica, por la pandemia. Sí necesitamos atención médica psicológica y yo necesito algunas cirugías que se comprometieron a realizarme y no las han realizado. Al igual nos habían dicho que mis hijos iban a recibir atención médica y no. Yo siento que el gobierno nada más está jugando con nuestros sentimientos, han jugado todo este tiempo con nuestros sentimientos”, declaró.
Otra de las afectaciones que padece es el insomnio y las pesadillas, que lo hacen rememorar esos días tortuosos.
No duermo, mi esposa luego se molesta, pero no puedo. Tengo pesadillas. A veces me despierto porque escucho que me están pasando la lista. Se los he platicado mucho a mis niñas y a mi esposa; veo a toda mi familia agarrados de la mano en círculo. Yo quiero salvarme para salvarlos a ellos y no lo logro, nunca lo logro. Ya cuando me despierto estoy en sudor”, relata Reyes.
Confesó que ciertos aromas o vestimentas lo ponen de malas.
Ese aroma de loción fina y gente con trajes color gris o azul, me pone de malas. En mis sueños luego lo veo eso o si veo en la calle a gente así, me pone de malas, me altera. Por todo eso, me querían dar mis ‘chochitos’. Cuando estaba recluido me tuvieron mucho tiempo con carbamazepina, y otro medicamento más fuerte, que no recuerdo cómo se llama. Me daban para dormir y me esposaban dormido y ahí me quedaba 2 o 3 días. Ya después sentía que me daban como sopita. Y ya me despertaban mis amigos los locos, preguntaba que qué día era y me decían que tal día y que me habían dado doble dosis, para quedarme así”, denunció.
Reyes dijo que otras de las afectaciones de cuando estuvo en prisión fueron de manera económica, porque le quitaron su casa de Atizapán.
Una casa que obtuvimos con el sudor de nuestra frente, nuestro patrimonio. Nos quitaron la casa de Tula. Una casa de mi hermana en Iztapalapa, se tuvo que vender para salir adelante. Mi esposa tuvo que sacrificar muchas cosas para poder mandar lo que se necesitaba”, indicó.
No obstante, una de las afectaciones principales es su familia, a sus hijos y a su esposa que sufrieron la interrupción del proyecto de sus vidas.
Marcas de familia
Al respecto, Guillermina Trinidad Olivares Barrios, esposa de Reyes, dijo a Once Noticias que la situación fue muy difícil.
Porque no hicimos nada y lo acusaron de un delito que no cometió y eso nos llevó de la mano. No podíamos verlo y estaba incomunicado, fue algo muy duro”, recuerda.
Guillermina se muestra seria, pero siempre amable, ella y sus hijas, hijos y nietos atienden las necesidades que surgen del encuentro. En la charla confesó que ella y su familia sufrieron agresiones psicológicas.
Venían a cada rato, en la madrugada. Nunca se identificaron. Catearon las casas de mis hermanos, donde yo vivía con mi mamá. Venían judiciales y todo eso. En ese entonces, venía la policía ministerial, y sí nos llevaban. No me daban tiempo ni de avisar, porque de repente me agarraban y me llevaban, ya ni me preguntaban si podía ir ni me lo pedían por favor. Igual a mis papás, mi mamá, a mis hermanos”, comentó.
Relató que la vez que realizaron el cateo fue la experiencia más fuerte. Al respecto recuerda que “venían como unos cuarenta carros de policía, SEMEFO, peritos, periodistas, o sea, todo. Esa fue la más fuerte porque nunca habíamos pasado por esto. Yo venía de trabajar y vi a todos esos policías y hasta creí que habían encontrado a un muertito. Y le digo, ya como a estas horas ya estaban ahí, ya como a las seis bajaron, y no encontraron nada en la casa y entonces vinieron por nosotros. Y sí fue bien difícil, yo en ese momento quería que se abriera la tierra y que me escondieran. Y mis hijos pues todos chiquitos, así como ellos”, compartió mientras señaló a sus nietos pequeños.
Guillermina dijo que sintió desesperación y comentó que fue un trauma que marcó a sus hijos e hijas que eran, todavía, menores de edad.
Actualmente si vemos que pasan policías, nos escondemos, nos da miedo. Me dicen que protejo mucho a mis hijos. Me da miedo, porque vea lo que pasó a mi esposo acusado injustamente por un delito que no cometió y todo lo que pasamos. Te quedan secuelas de la tortura, hay daño psicológico. Fue muy duro. Nunca nos dieron un derecho. Nosotros fuimos con Derechos Humanos y me dijeron que me buscara un buen abogado porque hasta la cárcel me iban a meter por un delito que no cometí”, explicó Guillermina Trinidad.
Y es que Guillermina, era secuestrada por judiciales y ministeriales, que le ofrecían dinero para inculpar a su esposo.
“Mi frase siempre fue ‘prefiero ser pobre, pero que a mi esposo no lo culpen por un delito que no cometió’. Venían judiciales y me enseñaban fajos de dinero. Nuestro único delito fue trabajar honradamente, hasta la fecha, somos trabajadores y responsables. Mis hijos son ya son padres de familia. Son buenos esposos, buenos padres, buenos hermanos. Mis hijas igual, dejaron sus escuelas a medias porque ya no teníamos dinero. Querían estudiar una profesión, pero ya no tuvimos la posibilidad económica. Luego nos quedamos sin casa, y todos tuvimos que trabajar, para podernos hacer de esta casita en la que todos vivimos”.
Lo que más le duele a Guillermina es que a sus hijos e hijas les fue arrebatada su niñez y la figura paterna.
“No vivieron con su padre. Tuvieron figura paterna por parte de mi papá, pero no de su papá. Eso es muy triste”, enfatizó.
Sin embargo, pese a que sus vidas fueron terriblemente interrumpidas, relató que ella trabajó mucho para sacar adelante a sus familias. Recuerda que todos y todas trabajaron “los 365 días del año, no teníamos días de descanso, yo no sabía que era el día de las madres, mi cumpleaños o navidad. A los eventos de mis hijos nunca pude ir, porque tenía que trabajar para mantener a mis 8 hijos”.
La impunidad es uno de los fenómenos que prevalece para hacer justicia a estos casos. Reyes y su abogado compartieron a Once Noticias que hicieron las denuncias desde que inició todo el proceso y pasaron como cinco años y nunca se hizo nada, hasta que Daniel García hizo un amparo para conocer el estatus de esas denuncias resultó que estaba bien olvidadas.
“Nunca las encontraron, hasta después por ahí salieron a relucir y entonces se estuvo solicitando que se ejerciera acción penal en contra de estas personas, sin embargo, pura simulación y nunca ejercieron la acción penal. Desafortunadamente, sabemos que esto no sucede aquí en México, es pura simulación. Por eso tenemos la esperanza en la Corte Interamericana”, concluyó Reyes Alpízar Ortiz.
Existen lagunas en los datos sobre la tortura en México, los últimos que aparecieron fueron en el 2016, a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), aplicada a más de 64 mil personas encarceladas en 338 centros penitenciarios, en el que se informó que casi dos de cada tres personas (64 %) reportaron algún tipo de violencia física al momento de su detención.
Según Human Rights Watch entre 2012 y 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) inició más de 9 mil investigaciones sobre tortura. En el 2019, según datos de la FGR, la Dirección General de Especialidades Médico Forenses intervino en mil 903 presuntos casos y la CNDH recibió 84 quejas de tortura, entre enero y septiembre de 2019.
Mientras tanto el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que sólo 8 de 3 mil 214 denuncias de tortura en México, realizadas en 2016, fueron procesadas, sólo hubo una detención y un juicio, por lo que la impunidad es uno de las situaciones que permanecen para acabar con la tortura.
Sin embargo, no hay datos cuantitativos o cualitativos para conocer las implicaciones tanto para víctimas directas como de las familias que padecen de estas injusticias. Según la investigación de Miguel Ángel Pichardo, sobre la Anatomía de la tortura “las personas que han sido torturadas o encarceladas, o que tienen familiares que sufrieron las consecuencias de la violencia estatal, se enfrentan con demasiada frecuencia ante un doble sufrimiento. Uno es la experiencia o la pérdida sufrida, y el otro es la negación de la sociedad de estos eventos, y la segregación social y el aislamiento que se impone a las víctimas y sus familiares […] aunado a la estigmatización social, la confusión o la vergüenza. Estos fenómenos tienen un origen sociocultural, y obviamente político, donde la experiencia vivida y la pérdida son personales y sociales”.