Nacional

Comisión de Reforma Política-Electoral apoyaría iniciativa del PRI

La iniciativa consiste en sancionar a las personas y partidos políticos que consientan la intervención del crimen organizado en los procesos electorales

La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, que encabeza la diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena, consideró que sí apoyaría la iniciativa de reforma constitucional que impulsa el diputado Rubén Moreira Valdez del PRI, para sancionar a las personas y partidos políticos que consientan la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, y para crear las figuras de comisionado electoral y observatorio electoral.

Destacó que para comprobar la participación de las organizaciones criminales en los procesos electorales, se requieren autoridades de procuración de justicia que realmente sigan sus huellas, así como la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Consultada sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó el PRD este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de las reformas secundarias en materia electoral impulsadas por el Ejecutivo Federal, la diputada Sánchez Ortiz comentó que esperarán a ver en qué consiste su planteamiento.

La iniciativa de Rubén Moreira

La iniciativa priista contempla una reforma constitucional a los artículos 19, 34, 41 y 115 de la Carta Magna para que ningún político más sea víctima del narcotráfico.

A través de una propuesta de reforma, Rubén Moreira, propone, también, determinar la imprescriptibilidad de delitos relacionados con este tipo de intervención y establecer una pena privativa de libertad, de 15 a 30 años, a quien, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado.

“Es momento de lanzar un mensaje duro contra el narcotráfico. Tenemos que impedir un posible narco estado”, sostuvo el legislador.

Comentó que es necesaria la creación de dos figuras adscritas al órgano electoral para proteger los procesos electorales en todas sus etapas y asegurar el voto libre sin la injerencia de grupos delincuenciales.

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