Fue presentada la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar, Castigar y Reparar el Daño en casos de feminicidio en México, una iniciativa que será enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
“No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para que se pueda castigar a el o la responsable […] Eso va a obligar a que ningún ministerio público diga se suicidó o que broncoaspiró, eso es un cambio sustantivo”, apuntó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La ley está compuesta por 52 artículos, distribuidos en ocho capítulos, que abordan de manera integral este delito. El contenido va desde el reconocimiento a la reparación integral del daño, hasta la implementación de políticas de prevención necesarias en el país.
Asimismo, el proyecto contempla una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general que permita erradicar el feminicidio y garantizar que las autoridades actúen de manera homologada frente a este tipo de violencia.
La propuesta busca unificar el tipo penal en todo el país, al establecer con claridad que comete feminicidio, quien “prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Sanciones y agravantes
En materia de sanciones, se plantea una pena de entre 40 y 70 años de prisión; y la tentativa será castigada con hasta la mitad de la pena correspondiente, junto con multas de mil a dos mil en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto contempla también 21 agravantes que endurecerán las penas, entre ellas:
- Si el delito es cometido por una persona servidora pública.
- Si la víctima era una niña, adolescentes o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
- Sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- Si presenta signos de violencia como ataques de ácido o sustancias inflamables.
Reforzarán investigación institucional
La iniciativa plantea homologar los protocolos de investigación en todo el país, con el objetivo de coordinar la actuación entre instituciones de seguridad y justicia a fin de garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea indagada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género.
Asimismo, se establece que el delito de feminicidio será investigado de oficio. Tanto la sanción como la reparación del daño serán imprescriptibles, por lo que no podrán aplicarse criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.
La iniciativa también propone que la persona agresora perderá los derechos sucesorios, así como la tutela, custodia y la patria potestad. Además, será destituida o inhabilitada para el desempeño de cualquier cargo público.
Derechos de las víctimas
La propuesta incluye un amplio catálogo de derechos para las víctimas de feminicidio, con el objetivo de garantizar atención integral y acceso efectivo a la justicia. Entre los principales destacan:
- Acceso a la verdad y a la justicia.
- Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas.
- Asistencia jurídica especializada y gratuita.
- Acceso a seguridad social para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
- Restitución y entrega digna del cuerpo.
- Servicios de traducción e interpretación para garantizar inclusión.
Asimismo, se subraya la importancia de que los medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas, tanto directas como indirectas, en la cobertura de estos casos; además se creará el Registro Nacional de Niñas y Niñas en Orfandad por feminicidio.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca cerrar vacíos legales y reforzar la respuesta institucional ante uno de los delitos más graves y sensibles del país.