A casi 12 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el caso continúa sin resolverse. Sin embargo, durante más de una década distintos exfuncionarios que ocuparon cargos públicos cuando ocurrieron los hechos han sido señalados e investigados por su presunta participación en el caso.
El más reciente es el exgobernador de Guerrero, Ángel A., quien fue detenido este jueves tras ser vinculado con el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con el paradero de los estudiantes.
Ángel asumió la gubernatura de Guerrero en 2011; sin embargo, renunció al cargo tras la desaparición de los normalistas durante su administración.
Exfuncionarios de Guerrero
En mayo del año pasado también detuvieron a Lambertina G., expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
La señalaron por presuntamente ordenar la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.
Otro de los exfuncionarios detenidos es Jesús M. El exprocurador general de la República fue arrestado el 19 de agosto de 2022 en la Ciudad de México. Lo acusan de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia relacionados con la construcción de la llamada “verdad histórica“.
Esa versión sostenía que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Iguala. Posteriormente los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.
Más detenciones
Poco después de la desaparición de los estudiantes también detuvieron en la Ciudad de México a José Luis A., exalcalde de Iguala. Fue señalado por ordenar la detención y entrega de los estudiantes a un grupo delictivo.
En 2025 fue absuelto por este caso debido a la falta de pruebas; sin embargo, permanece preso porque enfrenta una condena por el homicidio del activista Justicio C., asesinado en 2013.
En 2014 también detuvieron a María de los Ángeles P., esposa de José Luis, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Aunque ya había sido sentenciada, en 2024 un tribunal ordenó reponer el proceso, por lo que permanece detenida sin una sentencia definitiva.
Otros implicados
Otro de los señalados es Octavio V., exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre. Fue detenido en 2022 porque, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente ordenó —de manera deliberada o por omisión— que la Policía Estatal no interviniera para proteger a los estudiantes.
También figura Gualberto R., exjefe de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO, detenido en 2023. Actualmente enfrenta procesos penales por desaparición forzada, tortura y colusión de servidores públicos por su presunta participación en la investigación del caso Ayotzinapa.
Pese a que todos ellos han sido señalados como actores relevantes en la desaparición de los normalistas o en las investigaciones posteriores, el paradero de los 43 estudiantes sigue sin esclarecerse, a casi 12 años de los hechos.