El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, propuso invalidar todo el decreto de reformas a las Leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo al proyecto de resolución distribuido entre las y los ministros del alto tribunal, el ministro Pérez Dayán plantea invalidar las reformas debido a seis violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en su aprobación.
La propuesta señala que las reformas aprobadas en materia electoral violan reglamentos internos de las Cámaras de Diputados y Senadores, y las infracciones las habrían cometido los legisladores de mayoría parlamentaria que conforman Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde.
De acuerdo con fuentes judiciales, el ministro argumenta en su propuesta de sentencia que la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen. Ello, desconociéndose el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular.
En el proyecto se advierte que las infracciones cometidas por la mayoría parlamentaria son de tal gravedad, que violan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política.
Al resultar fundado el concepto de invalidez, es innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos que fueron controvertidos, señala la propuesta, y plantea que los resolutivos surtan efecto a partir de la notificación al Congreso.
¿Qué contiene el “Plan B”?
El “Plan B” electoral modifica varias leyes secundarias donde se limita política y económicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La reforma, entre otros cambios, suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264. También, por primera vez, se reconoce que las y los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por Internet.
Además, establece las bases para el voto electrónico y por se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
El “Plan B” fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de diciembre, luego de que el Congreso rechazara la reforma electoral con la que se proponía la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual INE, entre otras cosas.
Esta nueva propuesta incluía una cláusula de “vida eterna”, la cual señalaba que los partidos grandes podían traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tuvieran en su alianza o coalición para que conservaran el registro como partido político. Sin embargo, dicha cláusula fue excluida del dictamen por considerar que los votos no deben convertirse en “mercancía política”.