El segundo día del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovará su presidencia; Arturo Zaldívar pasará la estafeta a alguno de los tres candidatos o dos candidatas postuladas para sucederlo.
Durante el mandato del ministro Záldivar, en 2022 se dio el debate sobre la prisión preventiva oficiosa, discusión que requirió de hasta tres sesiones para lograr un consenso que no llegó, pues se mantuvo la medida cautelar, pese a que los 11 integrantes del máximo tribunal consideraron que es violatoria de los derechos humanos.
“Esta prisión preventiva oficiosa es claramente violatoria de los derechos humanos, es una condena sin sentencia que, en la inmensa mayoría de los casos, castiga la pobreza y no la delincuencia. La mayoría de las personas que están en prisión por prisión preventiva”, sostuvo Arturo Zaldívar.
Por su parte, la ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, expresó: “no tengo dudas de que la prisión preventiva oficiosa, entendida como automática, es inconvencional y atenta contra el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”.
Pese a estas consideraciones la prisión preventiva oficiosa se mantuvo; decisión criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se determinó eliminarla sólo de tres delitos fiscales: contrabando, defraudación fiscal y la emisión, venta, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, es decir los llamados factureros.
“Discutiendo para que no haya prisión preventiva a los defraudadores fiscales. ¡Cómo van a estar protegiendo a factureros y a quienes se hicieron inmensamente ricos! ¿Y van a seguir, vamos a seguir con lo mismo, lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas? Que era un descaro tremendo, y ahora que es delito grave lo quieren quitar”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, pese a los señalamientos del presidente de la República, el Pleno de la Suprema Corte dio su aval para que a los llamados criminales de cuello blanco evadieran la prisión preventiva oficiosa.
Durante el 2022, la SCJN resolvió 207 asuntos en 118 sesiones públicas. Destaca la resolución de 51 controversias constitucionales, 125 acciones de inconstitucionalidad, 2 amparos en revisión y 20 contradicciones de criterios.
Una de las controversias que resolvió fue la del decreto que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024, en la que validó el decreto presidencial.
“El proyecto propone considerar que el acuerdo impugnado no normaliza la militarización ni constituye una medida que evidencia una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser únicamente un reflejo de lo que el Constituyente dispuso en la propia Constitución Política del país”, explicó Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la SCJN.
La votación sobre este tema fue de ocho votos a favor y tres en contra, el ministro Arturo Zaldívar votó a favor y aseguró que con lo aprobado no se avalaba una militarización:
“Quiero insistir en que el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este Tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública”.
Otro de los temas notables fue la votación unánime, mediante la cual la Corte ordenó la libertad inmediata de Juan Luis López García, Héctor Muñoz Muñoz y Gonzalo García Hernández, que con pruebas falsas, tortura y violaciones al debido proceso, fueron encarcelados en 2015, acusados de participar en un secuestro y condenados a 50 años de prisión.
“Se aprueba el proyecto en el sentido de conceder el amparo a los quejosos de manera lisa y llana. Notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes, para que se ponga en inmediata y absoluta libertad a los quejosos: Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y Héctor Muñoz Muñoz”, recalcó el ministro Zaldívar.
Conoce a los candidatos a la presidencia de la SCJN
Dos ministras y tres ministros son las y los candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata de Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucia Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán quienes ya presentaron sus proyectos y candidaturas.
Para el proceso y conocer las propuestas y experiencia de las y los cinco postulados la corte habilitó el micrositio: https://www.scjn.gob.mx/candidatas-y-candidatos-a-la-presidenciascjn-cjf.
Una vez que se dieron las postulaciones se realizará una sesión pública solemne, presidida por el ministro decano, es decir, el de mayor antigüedad en el Pleno, en la sesión se celebrará este 2 de enero.
La votación será por cédulas y dos ministras o ministros serán los encargados del escrutinio.
Para ser electo ministro presidente o presidenta se deberá de obtener seis votos, si en una primera votación nadie obtiene los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que solo se votará entre las dos personas que hayan tenido el mayor número de votos en primera ronda, resultará electo quien alcance seis votos o más a su favor.
Quien resulte electo tomará posesión de manera inmediata y rendirá protesta como presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.