Héctor “El Güero” Palma podría obtener su libertad tras 26 años en prisión debido al ordenamiento de un Tribunal Unitario Federal, el cual ordenó que se reponga el juicio por delincuencia organizada que se realizó en su contra, pues dos testigos protegidos que declararon en este proceso no han podido ser localizados.
Tanto Marcelo Peña García, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, identificado por su nombre clave, Julio, como Javier Burgueño Uría, empresario originario de Sinaloa, quien había obtenido el alias de “César”, no han asistido a las audiencias por el caso del Güero Palma, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha agotado todos los medios para contactarlos y ubicarlos.
Ambos testigos han sido buscados por seis años pero las autoridades no han logrado dar con su paradero, por lo que magistrados federales determinaron que el proceso que se llevó en su contra deberá ser repuesto y sin los testimonios que lo incriminen, es probable que no se logre una condena en su contra.
Se llega a esta conclusión porque, como se desprende de los conceptos de violación, con la emisión de la resolución impugnada en esta vía constitucional, se transgredió en perjuicio del solicitante del amparo, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción expedita, mediante un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal”, aseguró el magistrado que otorgó el fallo.
Los testigos protegidos por la FGR habrían acusado a “El Güero” Palma de haber sido responsable de ordenar el tráfico de un cargamento de 3 mil 288 kilogramos de cocaína, el cual fue decomisado por autoridades federales en Tecomán, Colima el 19 de julio de 1999.
También declararon que es el responsable por una avioneta que contenía 12 millones de dólares, la cual fue asegurada el 12 de octubre de 1995 en San Luis Río Colorado, Sonora, decomisada por autoridades federales.
Además, “El Güero” Palma enfrentó acusaciones de los testigos por el asesinato del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, ejecución que fue realizada el 18 de mayo de 1995 y que también causó la muerte de su escolta, José Cruz Guerrero.
Otro crimen que se le imputó gracias a las declaraciones de César y Julio fue el robo de narcóticos cometido el 21 de mayo de 1997 desde la sede de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) en San Luis Colorado, Sonora.