El viernes pasado la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo para revocar la sentencia histórica conocida como Roe vs Wade que, desde 1973, protegía la libertad de las mujeres, para interrumpir un embarazo de forma voluntaria.
Es la primera vez, en la historia de la Corte, que se revierte un fallo de esta magnitud reconocida en la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, por tanto, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el “derecho a la intimidad”, se ven amenazados y restringidos.
El impacto además socavaba a la opinión pública que se ve dividida por la decisión de esta Corte –cuya mayoría está conformada por hombres mayores partidarios del conservadurismo republicano–.
No obstante, va más allá de estar o no a favor del aborto, también tiene que ver con la intimidad expuesta al escrutinio político, con robustecer el proyecto federalista (de mayoría republicana) y el impacto en los derechos humanos de las mujeres.
La organización Planned Parenthood estima que al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán afectadas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que deberán buscar atención médica en otros estados o llevar a término un embarazo en contra de su voluntad.
Serán las mujeres migrantes, de origen hispano, afroamericanas y mujeres que viven por debajo de la línea de pobreza, quienes se verán más afectadas.
El país, que se ha forjado bajo una supuesta premisa del progreso, se ve vilipendiado por la amenaza hacia el respecto y efectividad de los derechos humanos de las mujeres, en medio de un contexto político tenso e incierto.
¿Cuál es el panorama legal con la derogación Roe vs Wade? ¿Qué cambios habrá para la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Cuál es el impacto a nivel social? ¿Este fallo se puede revertir?
Son muchas preguntas que surgen, por lo que Once Noticias conversó con Astrid Ackerman, abogada del Centro de Derechos Reproductivos con sede en Nueva York, y Alessandra Pacheco, doctorante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (Universidad del Sur de California, LA), para dilucidar posibles respuestas de este vasto rompecabezas cuyas piezas continúan reacomodándose.
El fallo: repetición de un pasado sin derechos
Astrid Ackerman lamenta que la derogación de la sentencia Roe vs Wade es un retroceso. A nivel global, recuerda que son tres países en donde está restringido y/o prohibido el aborto en su totalidad: Polonia, Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, Estados Unidos se suma a esta lista, considera la abogada.
Y es que ocurre lo siguiente: ahora serán los estados en los que recaerá la decisión de que la interrupción voluntaria del embarazo sea prohibida, restrictiva o que se asegure ese derecho. Algo parecido a lo que ocurre en México, para tener un panorama cercano de referencia.
Pero, ¿por qué ha causado indignación? La sentencia protegía la decisión de las mujeres a nivel constitucional –en la Enmienda 14 está el reconocimiento del derecho a la privacidad y amparaba a las mujeres en su derecho a interrumpir el embarazo (durante el primer trimestre) y los estados no podían intervenir –.
Fue a finales de 2020 que Misisippi decidió prohibir la interrupción del embarazo hasta la semana 15. Esto llegó a la Corte Suprema, que le dio razón a Misisipi, y derogó Roe vs Wade al considerar que el “aborto no está protegido por la constitución”.
Una pausa a nivel estatal: los que restringen y prohíben el aborto
Por cierto, se calcula que en Estados Unidos residen 120 millones 692 mil 506 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años).
En el estado de Misisippi residen 677 mil mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años), la mayoría de estas mujeres son blancas (52%) y afroamericanas (40%). Además hasta 2020, se practicaron 9.5 abortos por cada mil mujeres (entre 15 y 44 años).
El 61% de las mujeres que habitan en este estado tiene seguro privado, 20% seguro de enfermedad y 15% sin seguro. Hasta 2017, sólo una clínica brindó servicios de aborto en Misisipi, según datos del Instituto Guttmacher.
Luego de Misisipi, siguió Texas con una prohibición que entrará en vigor 30 días después de la decisión de la Corte. Es importante señalar que este estado (junto a California que tiene 9 millones), tiene mayoría de población de mujeres en edad reproductiva: 7 millones de mujeres.
De esa cifra, 33% de las mujeres tienen ingresos por debajo de 200% del nivel federal de pobreza y su composición demográfica es de mayoría hispana, 47% de las mujeres los son, 36% son blancas, 12% afroamericanas, 6% asiáticas y 4% otro.
El 62% de las mujeres texanas en edad reproductiva tienen seguro privado y 24% sin seguro.
Hasta el año 2020, hubieron 58 mil 030 abortos y se registraron 9.5 abortos por cada mil mujeres en Texas. Asimismo, hasta 2017, habían 21 clínicas en todo el estado que brindó servicios de aborto, y no hay cobertura médica para garantizar esta práctica, de acuerdo al Instituto Guttmacher.
Una de las cosas que preocupan es el impacto que representará para las mujeres que viven en estos estados, tal como señala Astrid Ackerman, porque se verán obligadas a desplazarse hasta los estados en donde se pueda acceder a la interrupción del embarazo.
El ejemplo sería que una mujer que vive en Texas tendría que desplazarse 705 millas (en automóvil) para acudir a una clínica que realice abortos de hasta 24 semanas.
Hasta el 30 de junio, Texas tiene una política sobre aborto muy restrictiva: está prohibida hasta las seis semanas, el aborto con medicamentos está restringido, el estado prohíbe el uso de la telesalud, entre otras políticas vigentes, detalla el Instituto Guttmacher.
“Las mujeres que se verán impactadas son las que no tienen recursos suficientes para trasladarse a otro estado, por ejemplo, de Texas a California. Trasladarse incluye obtener tiempo que muchas veces –sobretodo en Estados Unidos– no es remunerado. Significa conseguir a alguien para el cuidado de niños, niñas o familiares, y obtener recursos para pagar el aborto, porque no existe un sistema de salud pública. En muchos estados varia la ayuda que pueden obtener por parte del gobierno para cubrir un aborto. Además los seguros médicos no están obligados a cubrir gastos por aborto”, expresó la abogada al medio.
Ackerman dijo que esas personas son mujeres de bajos recursos “personas migrantes, afroamericanas, indígenas, otras personas racializadas, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad. Se verán forzadas a seguir un embarazo en contra de su voluntad”.
Luego de la pausa, la criminalización
Otra de las cosas que preocupa, tanto a la abogada como a la especialista Alessandra Pacheco (Universidad del Sur de California, LA), es la criminalización que pueda haber de las personas que presten el servicio médico para interrumpir el embarazo.
Y es que Pacheco señala que también hay incertidumbre en el sector salud, en los estados en los que ya entró en vigor la prohibición y las restricciones, porque apunta a prohibir el aborto. Al respecto comenta que ya hay casos en que médicos y médicas han decidido no realizar la interrupción, porque está la amenaza de que serán retiradas sus cédulas profesionales.
La abogada enfatiza que el personal de salud no sabe si mañana en sus estados será legal proveer abortos o si cambiara de decisión la Corte y va a ordenar una petición judicial, para que las leyes entren en vigor.
“Esta incertidumbre genera caos en muchos estados porque pacientes ya tenían citas, cuando el falló se emitió en la Corte. Se les negó el servicio de salud, tuvieron que devolverlas a sus casas. Al mismo tiempo esto genera que las médicos, están bajo amenaza de que los servicios que proveen sean criminalizados”.
¿Y la opinión pública?
Una de las críticas que tienen tanto Ackerman como Pacheco, es que la Corte Suprema ignoró la opinión pública.
La abogada relata que la mayoría de la población estadounidense está a favor del aborto. “¿Cómo llegamos a este punto en el que la Corte Suprema ignoró la opinión pública? Ignoró la realidad de que 1 de cada 4 mujeres en Estados Unidos abortará alguna vez en su vida”, denunció.
Por su parte, Pacheco (especialista en el tema) señala que no sólo se trata de la dicotomía a favor o en contra del aborto, sino que las posturas están mediadas también por las circunstancias lo que determinaría estar a favor de él, pero también se deben considerar otras cuestiones.
Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta Pew Reserach Center, señala que 61% de la población estadounidense dijo que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, mientras que 37% dijo que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.
Esos datos arrojan que la mayoría de hombres y mujeres apoyan al aborto legal, aunque las mujeres más propensas que los hombres a sostener esta opinión (63% frente a 58%).
Una cuestión es que 74% de personas adultas asiáticas y 68% de personas adultas negras estuvieron a favor de que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, 60% de personas adultas hispanas y 59% de adultas blancas.
Cuando la opinión se atraviesa por ideología o partido político, quienes se asumen como republicanos conservadores y de tendencia republicana, son más propensos a decir que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos, que a decir que debería ser legal (72% frente a 27%).
Los republicanos moderados y liberales (60%) dicen que el aborto debería ser legal, mientras que 38 % dice que debería ser ilegal. La gran mayoría de demócratas liberales y de tendencia demócrata apoyan el aborto legal (90 %), al igual que 7 de cada 10 demócratas conservadores y moderados.
¿Y entonces? ¿Qué ocurrió?
Pacheco señala que también detrás hay un fondo político que se debe advertir, dada la configuración de mayoría Republicana, tanto en la Corte Suprema, como en los Estados. Además de un desencanto hacia el movimiento demócrata, dado que “tuvo la oportunidad de adelantarse para proteger el aborto y así garantizar el derecho de las mujeres, y no lo hizo”, criticó enfática.
La abogada coincidió con Alessandra y dijo que el panorama político juega un papel determinante para que se revierta el fallo, ya que existe esa posibilidad, aunque es desalentador si en la Corte la mayoría de los jueces son de ultraderecha.
“Recordemos que Trump eligió tres jueces que son de ultraderecha y en este momento hay nueve jueces y seis fueron elegidos por el partido Republicano. A menos que haya un cambio de jueces, es poco probable que en tiempo inmediato vaya haber un cambio a nivel nacional. Legalmente existe la posibilidad de que se revierta este fallo. Sabemos que el Senado está 50 y 50, la única manera que pueda pasar para proteger el aborto en este país es si hay una reforma a una ley que prohíbe hacer cambios constitucionales (a menos que haya mayoría)”, señala.
“Nosotras apoyamos una reforma a los derechos constitucionales, para que se puedan hacer cambios con una mayoría simple en el Senado. Seguiremos luchando para enfocarnos en los estados y a nivel federal, en el Congreso”.
El mapa del aborto en Estados unidos
Con la derogación Roe vs Wade habrá un cambio en el mapa político sobre el aborto, aunque aún no hay una reconfiguración sobre cómo quedará en Estados Unidos. La decisión de “regular” el aborto recaerá sobre cada estado y aún se desconoce la precisión de las excepciones se darán según las interpreten en su constituciones.
“Todavía no sabemos cómo va a quedar. La mayoría de los estados afectados son los del Sur: Florida, Mississippi Louisina, Texas, y los estados en el medio oeste. No sabemos cómo es que terminará el aborto, cuáles serán las restricciones más precisas”.
Empero, 26 de los 50 estados tienen previsto prohibir o restringir en menor o mayor medida el derecho al aborto, según el Instituto Guttmacher.
De ellos, 14 ya pusieron en marcha medidas para restringir el aborto con las leyes de activación o ‘gatillo’, que entraron en vigor tan pronto el Tribunal Supremo comunicó la derogación de Roe vs Wade: Arkansas, Wisconsin, Indiana, Pensilvanya, Arizona, Carolina del Sur, Idaho, Tennessee, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte y Wyoming son los estados que han activado esas ‘leyes gatillo’.
En Estados como California y Nueva York se permite el aborto y se protege. También así en Alaska, Oregón, Colorado, Nuevo México, Illinois y Maine.
“Hay estados que ni por violación o incesto el aborto será legal. Algunos los criminalizaran desde la fecundación o desde las 6 ó 15 semanas, como Misisipi. En otros habrán algunas excepciones para acceder al aborto (cuando hay violación, emergencia médica, si la vida de la personas gestantes está en peligro). Ahí se podría permitir”.
Pero lo que le preocupa a la abogada del Centro de Derechos Reproductivos es que médicos o prestadores de este servicio de salud sean criminalizados, aún bajo emergencias médicas y las excepciones que se puedan reconocer.
A Alessandra le preocupa incluso la intromisión a la privacidad: “que cualquier vecino/a que considere que si estás en edad reproductiva y pidas a domicilio pastillas para la interrupción del embarazo, puedas ser acusada en los estados en los que está prohibido o que exista revisión de aplicaciones de control de la menstruación para determinar embarazos”, explicó.
Por lo pronto, ocho estados ya han prohibido el aborto: Utah, Dakota del sur, Texas, Misuri, Oklahoma, Kentucky, Alabama y Arkansas, aunque se espera que este mapa cambie.