En Chiapas, habitantes de Pantelhó y autodefensas “El Machete” presentaron sus demandas ante autoridades estatales, federales y representantes de derechos humanos, en el contexto de una crisis que se vive en la región.
La mesa de diálogo reunió a pobladores de 86 comunidades y fungieron como representantes 20 personas comisionadas para el diálogo.
Durante poco más de tres horas se dieron a conocer las demandas, entre las que sobresalen seis, principalmente:
- Que el gobierno reconozca que hay un problema: la existencia de un crimen organizado en el Ayuntamiento.
- Justicia para las víctimas del crimen organizado. Investigación, detención y castigo a los responsables.
- Ser reconocidos como pueblos originarios indígenas y respetar el nombramiento de sus autoridades por usos y costumbres.
- Que se realice una auditoría en el municipio de Pantelhó durante el periodo de Santos López Hernández y Delia Yanet Velasco Flores, que abarca desde el 2018 a la actualidad.
- Prohibir cantinas y venta de drogas y declarar a Pantelhó libre de estas sustancias.
- Renuncia de la actual presidenta interina, Velasco Flores. Dijeron que no permitirán que Raquel Trujillo Morales asuma el cargo de presidente municipal.
Piden que se capture y que desaparezca el grupo criminal de “Los Herrera”, que por más de 15 años, han asolado al municipio. Este grupo fue presuntamente creado por Austruberto Herrera (preso desde 2019), quien fue juez municipal, y luego estuvo encabezado por sus hijos Dayli de los Santos y Rubén Estanislao Herrera.
El pasado 7 de julio comenzaron las tensiones debido a que la población enfrentó a estos grupos. De dicha resistencia surgieron las autodefensas “El Machete” y el pasado 26 de julio, pobladores indígenas de las 86 comunidades tomaron la cabecera municipal de Pantelhó, además catearon y quemaron casas. Demandaron la salida inmediata de estos criminales y exigieron la renuncia de las autoridades municipales debido a la confabulación con el crimen organizado.
Por este conflicto se han desplazado casi 3 mil personas a municipios aledaños y a la ciudad de San Cristóbal huyendo de la violencia en Pantelhó.
En las calles permanece la vigilancia de los pobladores al mismo tiempo que la presencia del Ejército, junto a la Policía Estatal y Guardia Nacional.
Denunciaron además que no abandonarán las instalaciones de la cabecera municipal hasta que las demandas sean cumplidas y que se elijan a las nuevas autoridades municipales (el próximo 1º de octubre), a través del sistema de usos y costumbres de los pueblos originarios.
El próximo viernes 6 de agosto se llevará a cabo una segunda reunión en el mismo recinto, para que las autoridades den respuestas y resoluciones a las demandas presentadas en dichas mesas de diálogo.
Entre los y las funcionarias asistentes estuvieron Josefina Bravo, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Martín Longoria, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); funcionarios del Gobierno de la entidad, como Juan Ulloa Pérez y Leonel Reyes, coordinador de la Delegación del Gobierno Estatal.
También estuvo Pedro Faro Navarro, director y representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) e integrantes de la Comisión de Mediación nombrada por la diócesis de San Cristóbal, encabezada por Marcelo Pérez Pérez, sacerdote párroco de Simojovel y observadores de derechos humanos.