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Comunidad LGBTIQ+ pide eliminar iniciativas transfóbicas en el Congreso capitalino

Las y los miembros de los colectivos lograron ingresar al Congreso capitalino, donde no les fue permitido el paso.

Manifestantes pertenecientes a la comunidad trans protestaron frente al Congreso de Ciudad de México a fin de visibilizar que están en contra de algunas iniciativas legislativas de la panista América Rangel, por ejemplo, una que no permitirá que menores de edad se realicen operaciones para cambio de sexo. 

Asimismo, las y los miembros de los colectivos lograron ingresar al Congreso capitalino, donde no les fue permitido el paso, y fueron recibidos con polvos de color amarillo, que se presume sería gas pimienta.

Durante este hecho, policías protegieron las instalaciones del Congreso, después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local para ayudar en el resguardo del recinto. Como resultado, la sesión del día del Congreso local fue suspendida y se citó a una nueva para el próximo 22 de febrero, a las 09:00 horas.

En redes sociales, circularon videos y fotografías de la protesta en los que se muestra que el grupo de manifestantes bloqueó el acceso principal al Congreso mientras que rompían vidrios y realizaban pintas en contra de la transfobia. 

Desde el interior, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Villagrán, denunció que la SSC no fue avisada oportunamente de la manifestación, por lo que todos aquellos que se encontraban en el inmueble fueron puestos en peligro.

Además, aseguró que la Mesa Directiva va a tener que dar explicaciones del por qué se toman dichos eventos a la ligera.

 

Prohibir tratamientos

La diputada del PAN, América Rangel, presentó una iniciativa de ley para prohibir que los menores de edad se sometan a tratamientos y cirugías de cambio de género, la cual también buscaría que se castigue con cárcel a quien realice estos procedimientos en menores.

En ese sentido, la reconversión hormonal y las cirugías de reconversión de sexo podrían estar prohibidas para las y los infantes que son menores de 18 años y podría criminalizar a los profesionales de la salud que apoyen en este proceso.

 

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