México, Colombia, Brasil y Perú no podrán cumplir con sus objetivos climáticos para 2030 a no ser que protejan las tierras de las comunidades indígenas, concluyó un informe presentado este jueves por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y Climate Focus.
Para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados, la comunidad internacional debe tomar en cuenta las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PILC), afirmó el análisis.
El 92% de las tierras boscosas de los PICL de los cuatro países son sumideros netos de carbono (almacenan más del que emiten) y cada hectárea captura una media de 30 toneladas de carbono cada año.
En promedio “capturan más del doble de carbono que las no indígenas” debido a sus prácticas tradicionales y sostenibles y al hecho de que en gran parte son bosques vírgenes.
Las comunidades indígenas y locales realmente actúan como una especie de salvadores silenciosos que están frenando la crisis climática pero no obtienen el reconocimiento que necesitan y, lo que es más importante, apoyo para dar pasos positivos”, declaró este jueves uno de los autores, Darragh Conway, consultor jurídico de Climate Focus, durante una rueda de prensa virtual con motivo de la publicación del informe.
Los autores estiman que si no se aplican medidas para proteger las tierras boscosas de los PILC en estos países “se tendrían que llevar a cabo acciones drásticas prácticamente imposibles en otros sectores”.
TIERRAS BAJO AMENAZA
Conway puso como ejemplo Perú, que “tendría que retirar todo su parque automotor para compensar la pérdida de solo la mitad de los servicios de captura de carbono que proporcionan los bosques que están en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales”.
Brasil y Colombia tendrían que retirar el 80% de su flota de vehículos y México el 35% para compensarlo.
“En los cuatro países, responsables del 5.1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, estas tierras están bajo la amenaza constante de la ganadería, la minería y la tala de árboles, que en gran parte es ilegal y está vinculada a la corrupción y la complicidad entre los gobiernos y los actores ilegales”, indicó el estudio.
Los autores instan a Brasil, Colombia, México y Perú, que albergan a más de 300 grupos indígenas, a acelerar la titulación y garantizar que las comunidades indígenas y locales tengan plenos derechos sobre la tierra, así como a respetar su derecho “al consentimiento libre, previo e informado” antes de llevar a cabo proyectos en su territorio.