Más de 60 mujeres de 20 países se reunieron en Bogotá, Colombia, para compartir sus experiencias propias sobre el encarcelamiento, pero también para pedir que el sistema carcelario sea abolido y reemplazado por políticas enfocadas a la justicia social de los grupos vulnerabilizados como mujeres y niñas, LGBTIQ+ y poblaciones indígenas.
La activista afroamericana Angela Davis dijo que poner fin al encarcelamiento de mujeres y niñas en el mundo es una misión que requiere de intención, que debe ser abolicionista y no reformista.
“Abolir las cárceles para las mujeres es parte integral de un mundo en el que el racismo no debería dictar quién puede vivir libre y quién no, que le dé prioridad a vivienda, educación y salud, que no esté estructurado en función de necesidades y deseos de los ricos, los enfoques carceleros se han vuelto obsoletos”, destacó.
Además señaló que las mujeres son utilizadas como chivos expiatorios y son quienes cargan el peso de la violencia de género a nivel mundial. La activista aplaudió que el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez están intentando abordar la crisis carcelaria de Colombia.
En el encuentro dieron a conocer una red internacional cuyo objetivo busca ser de apoyo para otras mujeres que continúan en prisión o excarceladas.
De los datos a los testimonios
Esa red se enmarca en un contexto en el que ha existido un incremento del porcentaje de mujeres y niñas que son privadas de su libertad y encarceladas. De acuerdo con la reciente publicación de la Lista Mundial de Mujeres Encarceladas hubo un aumento de detenciones de mujeres y niñas del 60 % desde el año 2000, mientras que el de los hombres se incrementó en 22%.
Se estima, según los datos de la lista, que hay 95 mil mujeres privadas de su libertad en América Latina, frente a 37 mil 671 del año 2000, lo que supone un aumento de más de 150% en poco más de dos décadas.
A lo largo de este evento se escucharon testimonios y compartieron experiencias propias de encarcelamiento y de la lucha que llevan sosteniendo desde sus lugares de origen.
Este encuentro, además, tuvo por objetivo crear una red de trabajo para cambiar las políticas carcelarias, indicó Claudia Cardona, activista por los derechos de las mujeres privadas de libertad y sus familiares, y dijo que “nuestro fin es el abolicionismo, ¡no queremos cárceles en nuestro planeta, en nuestro mundo!”, sentenció.
Asimismo participaron mujeres de Estados Unidos como Andra James, quien es parte del Consejo Nacional de Mujeres y niñas encarceladas, y que ha trabajado desde 2010 en cárceles federales.
“Esas historias son nuestras historias, es un testimonio verdadero. Un testimonio del fracaso del sistema carcelario que debe ser abolido, porque criminalización de la pobreza es fundamental para aplicar ese mecanismos”, agregó la activista estadounidense.
Mujeres indígenas de Nueva Zelanda y también mujeres del continente asiático acusaron los abusos a los que fueron sometidas cuando fueron detenidas y encarceladas, como abuso sexual, tortura y violencia física. En el caso del continente asiático, la sobrepoblación de cárceles es una de las mayores problemáticas, se estima que hay 280 mil personas encarceladas y casi 50% son mujeres.
Las ponentes coincidieron que los derechos de la población LGBTIQ+ y la población trans suelen ser vulnerados en estos centros de reclusión.
Mientras tanto, Susan Kibla, de Uganda, abogada y activista, enfatizó que el encarcelamiento es una condición que permanece incluso cuando las mujeres salen de esos centros de reclusión, porque al intentar cruzar las fronteras se ven sometidas a discriminación “es traumático para nosotras. El desplazamiento está limitado”.
También participaron mujeres mexicanas como Kenya Cuevas, fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias. Además de integrantes de Mujeres Unidas X la Libertad, asociaciones que trabajan con mujeres privadas de la libertad.
Servicio de utilidad para reducir pena
En tanto, Néstor Iván Ozuna Patiño, ministro de justicia en Colombia, externó durante su participación que en ese país lanzaron una iniciativa de ley conocida como Ley de Servicio de Utilidad Pública que tiene por objetivo que las mujeres encarceladas tengan una opción para reducir sus condenas a través del trabajo público.
Mujeres con condenas menores a ocho años, por delitos asociados de drogas o que hayan cometido delitos menores, pueden realizar trabajos de utilidad pública por cinco horas a la semana. Por cada cinco horas se reduce una semana de pena.
Además dijo que están trabajando en instaurar una serie de políticas de combate a drogas desde un enfoque diferencial dado que los eslabones más afectados son los consumidores y campesinos que cultivan hoja de coca, “en el país cambiamos la política hacia un trato no penal de las partes más débiles: consumidores y cultivadores”, concluyó.