Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinaron que “la brutalidad de la represión” a las protestas tras las elecciones ocurridas en la nación bolivariana representa “una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país”.
Al presentar su último informe sobre la situación política del país, con datos recabados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, los integrantes de la misión indicaron que la respuesta represiva del Gobierno “marca un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
“Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”, detalla el texto.
El documento advierte que las violaciones de derechos humanos “no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, según consignó una nota de AFP.
Para elaborar este informe, los observadores indicaron que fueron realizadas 366 entrevistas remotas o en persona con 383 personas, de estas 203 fueron hombres y 180 mujeres, también consultaron decenas de expedientes judiciales, así como otras fuentes documentales y audiovisuales.
Además, sobre la crisis poselectoral, los expertos revisaron más de mil evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos y noticias periodísticas, provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales.
Sin embargo, los enviados de la ONU sentenciaron que durante el periodo post electoral no obtuvieron acceso a expedientes judiciales y, en algunos casos las autoridades señalaron que los expedientes ni siquiera existían.
Ante tal escenario, los observadores reconocieron la necesidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie una investigación sobre el panorama actual en Venezuela.
Además, recomendaron a la comunidad internacional mantener un monitoreo activo sobre la situación de los Derechos Humanos en la nación Bolivariana, a fin de insistir en la necesidad de la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como justicia y reparación para las víctimas.