Mazatecas de Eloxochitlán de Ricardo Flores Magón exigieron el cese de prisión preventiva para cinco presos políticos: Jaime Betanzos, Herminio Bofill, Alfredo Bolaños, Fernando Gamito y Francisco Durán, quienes llevan nueve años bajo esa medida cautelar.
Denunciaron que la prisión preventiva viola sus derechos humanos, de acuerdo con convenciones internacionales y del nuevo sistema acusatorio mexicano.
Argelia Betanzos, vocera del movimiento y abogada, explicó que el uso excesivo de esa medida no ha dependido de los presos –entre quienes se encuentra su padre Jaime Betanzos–, dado que desde el principio ellos y sus familias han luchado por demostrar su inocencia.
“Ganaron dos amparos, se resolvieron en la Sala de Jalapa […] y se determinó que la cárcel es ilegal”, dijo Argelia y agregó que se han examinado los casos y se han determinado contradicciones, hay señalamientos generales y que los amparos 56/2015 y 59/2015 no se aplicaron de forma inmediata.
“Ellos ganaron los amparos federales que declararon ilegal y violatoria la decisión judicial que los mantenía en prisión preventiva y debieron ser liberados como ocurrió con dos casos de sus compañeros, pero el Poder Judicial les negó la libertad”, agregó.
En conferencia de prensa, el abogado Javier Hernández sentenció que en Oaxaca no se respeta el marco jurídico –que dicta que sólo puede ser de dos años–, por lo que subrayó que se debe acatar el cese a la prisión preventiva.
Ambos abogados acusaron de corrupción al sistema judicial del Estado de Oaxaca, dada la dilación para dictar sentencias, además de sostener la fabricación de delitos sobre los cinco presos políticos.
El caso ha presentado irregularidades, pues una de ellas es que el juez de Huautla, en Oaxaca, ignoró que debía llamar a testigos y cuando se realizó ese llamado judicial, los testigos no se presentaron, tal como dijeron las denunciantes y cuya información se encuentra en un documento con fecha de 2017.
Argelia dijo a Once Noticias que el cese de prisión preventiva se ha pedido al menos tres veces: la primera, en abril de este año, por peticiones de la sociedad civil; la segunda por los mismos presos y la tercera por la Defensa Federal. En esta ocasión lograron que el juez de Huautla de Jiménez otorgara la fecha del próximo 18 de septiembre en donde se determinará el cambio de medida cautelar.
Las ponentes acusaron de exceso y arbitrariedad al Poder Judicial de Oaxaca, liderado por el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, a quien señalaron de actuar en complicidad con las instituciones del estado y con Elisa Zepeda Lagunas, la parte acusatoria.
“En junio nos notificaron de un acuerdo del juez que dice que Elisa Zepeda ofrece pruebas para demostrar la culpabilización. Le pidió a la Fiscalía la mecánica de lesiones, pero los presos solicitaron el año pasado un examen pericial, en donde se encontró que los testigos eran contradictorios”, argumentó Betanzos.
Recordó que la Relatoría sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos, en junio de este año, emitió un informe en donde reconoció que, en el caso de Eloxochitlán de Ricardo Flores Magón, el desplazamiento forzado es provocado por el mismo Estado.
El caso de Eloxochitlán se rastrea desde el año 2014 cuando se registró una trifulca el día de las elecciones de autoridades locales.
Ese día, un 14 de diciembre, se registraron tiroteos y la diputada Elisa Zepeda y su madre fueron golpeadas y su hermano, Manuel Zepeda Lagunas, resultó muerto. Su padre, en tanto, fue acusado por desvíos de recursos. El caso ha sido largo y las mazatecas han acusado a lo largo de este tiempo una persecución por parte de la diputada en coalición con las autoridades e incluso con el gobierno de Oaxaca.
El próximo 18 de septiembre, señalaron, realizarán una movilización pacífica en Oaxaca, mientras que se lleva a cabo la audiencia que determinará el cambio de medidas cautelares.
“La prisión preventiva de los presos mazatecas no sólo es una decisión arbitraria sino también inhumana y cruel. No daremos un paso atrás”, concluyeron las mazatecas.