Se cumplen 12 años del asesinato de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. El caso cimbró, un agosto de 2010, cuando se conoció el hallazgo de los cuerpos y de testimonios que sobrevivieron a estos hechos de violencia excelsa, ya que las personas fueron víctimas de tortura y secuestro por parte del grupo criminal de Los Zetas. Las familias continúan en la búsqueda de verdad y justicia y urgen la creación de una Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes.
Una memoria cercana
En agosto de 2010, las noticias se inundaron de color púrpura y dolor, ante un evento que conmocionó: en el ejido de El Huizachal del municipio de San Fernando, en Tamaulipas, 72 personas migrantes (originarias de Centroamérica y Sudamérica) fueron torturadas y asesinadas por el grupo criminal de Los Zetas.
Este atroz crimen fue conocido como la Masacre de San Fernando y se considera emblemática dado que reveló una grave situación de violencia contra las personas migrantes que transitan por territorio mexicano.
A 12 años de este evento, todavía hay 9 víctimas de la masacre que siguen sin ser identificadas, siete familias siguen exigiendo la exhumación de los restos que les fueron entregados como sus seres queridos, ante la falta de pruebas concluyentes de que efectivamente se tratan de ellas y ellos.
Ante esta situación, de acuerdo a la denuncia de diversas organizaciones civiles, el caso permanece en la impunidad; además, señalan falta de capacidad para articular acciones entre autoridades nacionales y de otros países como Guatemala, para permitir la exhumación de cuerpos en territorio guatemalteco, así como la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Es así que señalan, las más de 40 organizaciones firmantes, “ha colocado la urgente necesidad de nuevos esquemas de investigación, búsqueda e intercambio de información entre instituciones y entre países, tratándose de casos transnacionales y violaciones graves a derechos humanos”.
Las organizaciones como Fundación para la Justicia y Comités de Familiares desaparecidos de diversos países de Centroamérica denuncian que hasta ahora no hay una sola sentencia por la Masacre y que las dos únicas sentencias relacionadas con los imputados son por otros hechos (delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego) y no por los asesinatos de las 72 personas migrantes.
Además, prevalece un contexto de deficiencia institucional en Fiscalías y faltan mecanismos eficaces para investigar estas y otras violaciones graves a los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo “no ha existido una colaboración regional para investigar masacres y desapariciones de migrantes”, señalan.
Una Comisión para investigar esta y otras masacres
Por esta situación urgen a que se conforme una Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, como parte de la recomendación que hizo el Comité́ contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe en su visita a México.
Enfatizan que deberá contar con la participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales y operaría “con una visión transnacional de la justicia, con un enfoque de macrocriminalidad y análisis sistémico, que incluye países de origen, tránsito y destino”.
Lamentaron que luego de 2010 han ocurrido otras masacres como las Fosas Clandestinas (2011), Cadereyta (2012), Güémez (2014) y Camargo (2021). Además, subrayaron las violencias a las que están expuestas las personas migrantes en su tránsito por México, como tráfico de personas y trata, abuso sexual, desapariciones y homicidios.
Resaltaron que la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó el apoyo técnico de la ONU. Sin embargo, “no se ha concretado y no se ha reportado ningún avance”, denunciaron.
Hasta ahora, relataron que la lucha de familiares y de organizaciones ha logrado poner cimientos importantes a nivel institucional como el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano (MAE), por el del cual las familias de personas migrantes pueden denunciar la desaparición o cualquier delito desde sus países de origen y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada en noviembre del 2021, por el Sistema Nacional de Búsqueda
“Aún falta la voluntad política para crear un sólido marco normativo y operativo, así́ como para la asignación de recursos necesarios”, concluyeron
Rinden homenaje a 72 personas migrantes fallecidos en San Fernando, Tamaulipas
Integrantes de la Fundación para la Justicia rindieron homenaje a las 72 personas migrantes que perdieron la vida en el municipio de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas.
Al dirigir un mensaje, en el antimonumento, ubicado frente a la Embajada de Estados Unidos, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia indicó que hasta el momento este caso permanece impune, pues ninguna persona ha sido sentenciada.
“Lo nuevo es lo de siempre, lo que reina en este estado es una terrible impunidad, a la fecha no tenemos ninguna sentencia a pesar de que han pasado 12 años, no hay ninguna sentencia, ni tampoco hay una línea de investigación”, expreso.
Delgadillo relato que, tras el análisis de las sentencias, los posibles perpetradores que permanecen en prisión no se encuentran vinculados a este caso, sino que están tras las rejas por delitos como portación ilegal de armas y no por el homicidio de los 72 migrantes.
“Entonces las familias toman como un engaño que estás sentencias se anuncien cómo sentencias por estos casos cuando hasta el momento no existe ninguna sentencia”, dijo.
Del mismo modo relato que esta masacre, no tomo por sorpresa al Estado mexicano, pues ya sabía que en el país ocurrían secuestros de migrantes, mismos que fueron denunciados por los extranjeros.
“Esto ya se había anunciado en un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dónde se documentaba cerca de 10 mil secuestros de migrantes”, dijo.
En su turno, la académica, Mariclaire Acosta Urquidi hizo un llamado para esclarecer este caso a fin de que exista justicia.
Durante el acto, los asistentes colocaron arreglos florales y fotografías con los rostros de los centroamericanos fallecidos.