Uno de los estragos que ha dejado el actual contexto sanitario por COVID-19 es el aumento del consumo de sustancias psicoactivas por jóvenes y adolescentes en nuestro país. Esta problemática tiene tras de sí muchos aristas, una de ellas es la salud, tema que preocupa a especialistas dados los impactos que representa en la salud mental y a nivel social comunitario, pero también por la urgencia para generar políticas que aboguen a tratar el tema como parte de la salud pública, para apostar a la desestigmatización.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora el 12 de agosto, Once Noticias conversó con Rodrigo Marín Navarrete, director de Investigación y Enseñanza de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), una institución dedicada a la prevención, tratamiento, rehabilitación, investigación científica y formación de especialistas en materia de consumo de drogas, para conocer un panorama sobre la problemática a nivel salud.
Algunos datos
A nivel mundial, de acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), aumentó el consumo de drogas: aproximadamente 284 millones de personas, entre 15 y 64 años, en todo el mundo consumieron drogas hasta el año 2020, lo que supone un aumento de 26% con respecto a 2010 y se explica, en parte, a que la población mundial también aumentó en 10%.
UNODC proyectó que para el año 2030, al menos 25 millones de personas más van a consumir drogas.
Los organismos internacionales han dicho que el consumo ha aumentado entre la población de jóvenes y adolescentes.
El Informe Mundial sobre las Drogas 2022 señala que en África y América Latina, las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.
Siguiendo a este informe, al hacer un zoom en nuestro país, el panorama advierte que los estimulantes de tipo anfetamínico se han vuelto la principal causante de tratamiento en México.
Más allá de las cifras
Pero el problema no sólo son las cifras, Rodrigo Marín Navarrete señala que se debe tener presente una diferencia sustancial entre conceptos que se ven involucrados cuando se habla de consumo de drogas: (des) penalización y legalización, ambas ligadas al concepto de criminalización.
En la primera dijo que tiene que ver con la portación de sustancias bajo medidas arbitrarias. La legalización tiene que ver con la producción, comercialización y tipos de uso de las sustancias (puede ser medicinal o recreativo).
¿Y cómo es que se ligan a la criminalización? Cuando existen medidas punitivas que se centran en el consumidor o consumidora. El problema es que las políticas de atención a las drogas, durante largo tiempo, han estado orientadas a criminalizar, es decir, a castigar a quienes consumen sin considerar que es una problemática de salud pública.
“Para lograr la transformación se debe orientar a desestigmatizar a consumidores, así favoreces la búsqueda de tratamientos, humanizas al consumidor y se promueven políticas de prevención y tratamiento, y no en ver a los jóvenes como criminales. Eso es lo que los lleva a centro penitenciarios, se incrementa el problema de salud pública, además hay sobrepoblación en estos centros”, dijo el director.
De acuerdo a datos de Inegi (2021), hasta el año 2019, del total de los delitos del fuero común y federal en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías y procuradurías de justicia del país: 4.7% estuvieron relacionados con drogas, de los cuales 92.7% fueron en su modalidad de narcomenudeo y 7.3% fueron delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos.
Además, hasta 2019, 33.2 % de la tasa de delitos relacionados con drogas por narcomenudeo (por cada 100 mil habitantes) fueron cometidos por adolescentes mientras que 103% por adultos.
Con relación a las sustancias psicoactivas que estuvieron relacionados con la posesión y comercio de pequeñas cantidades fueron cannabis, cocaína y metanfetamina.
¿A nivel nacional que es lo que más consumieron las personas jóvenes?
El director de Investigación y Enseñanza de los CIJ, expresó que en los últimos seis años ha aumentado el consumo de metanfetaminas en la población joven y ha disminuido el consumo de cannabis.
A nivel nacional, de acuerdo al Sistema de Información Epidemiológica de los CIJ de 2004 a 2021, el uso de cannabis disminuyó, por ejemplo, en el segundo semestre de 2015 se reportó un porcentaje de 55%, mientras que en el mismo período de 2021 fue de 37.3%.
No así para la metanfetamina: en el mismo período de tiempo, en 2015, se reportó un porcentaje de 11% mientras que en 2021 fue de 28.4%. En este segundo semestre Oaxaca, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Baja California encabezaron la lista de los estados con mayor tasas de consumo.
Fue la droga de mayor impacto reportada por usuarios de drogas solicitantes de tratamiento, de acuerdo a los informes. Marín señala que también en este registro han considerado la transversalización con el género, por ejemplo, para 2021 registraron que en 80% los hombres son mayores consumidores de metanfetamina y 20% son mujeres.
¿Por qué es un tema de salud pública?
Marín Navarrete señala, con respecto al consumo de droga, que se suele iniciar en la pubertad, dada la vulnerabilidad de la etapa, pero es al pasar los años que se genera dependencia o adicción “el cerebro está en proceso de plasticidad y es más vulnerable a esa edad (pubertad)”.
Dijo que hay evidencia científica de que hay muchos factores para generar adicciones entre las que destacan la predisposición genética y neurobiológica en un 60% y variables psicosociales.
Expresó que los estudios científicos señalan que se han encontrado evidencia de que previo a generar dependencia los jóvenes presentan trastornos del neurodesarrollo: trastorno por déficit de atención, disocial de la personalidad y trastorno oposicionista desafiante.
También dijo que pueden haber otras problemáticas como depresión o ansiedad sumado a los factores contextuales, sin embargo, “los factores de resiliencia apoyarán a los jóvenes con mayor vulnerabilidad”.
El especialista destacó que se necesitan políticas públicas enfocadas en reducir los estigmas porque eso se puede volver una barrera en la búsqueda de tratamiento para los jóvenes. Expresó además que para poder generar políticas de prevención se necesitan apoyos para la investigación clínica con el objetivo de apostar por mejores modelos de atención que integren estrategias farmacológicas y conductuales, que abarque a familias, a grupos etarios, grupos vulnerables como poblaciones indígenas, a la comunidad LGBTIQ+ y programas especializados en mujeres.
“se requiere más investigación y más fondos para desarrollo de programas de prevención y tratamiento basado en evidencia científica, desde la salud pública para descriminalizar a consumidores”, concluyó.