La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviar un equipo para investigar presuntas violaciones por parte de las partes del conflicto en Etiopía por aparentes bombardeos ilegales en áreas urbanas de la región de Tigré en noviembre de 2020.
Al comienzo de la guerra, las fuerzas federales etíopes dispararon artillería contra las áreas urbanas de Tigré de una manera aparentemente indiscriminada, que sin duda, causaría víctimas civiles y daños a la propiedad”, señaló la directora de HRW en el Cuerno de África, Laetitia Bader.
Barder dijo que estos ataques han destrozado la vida de civiles de la región y que han desplazado a miles de personas.
Esto subraya la urgencia de poner fin a los ataques ilegales y hacer a los responsables rendir cuentas”, mencionó Laetitia Bader.
Según ha relatado la organización, el pasado 4 de noviembre el ejército etíope inició operaciones en Tigré en respuesta a lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, describió como ataques a las fuerzas y bases federales por parte de fuerzas afiliadas al Frente Popular de Liberación de Tigré (TPLF), que gobierna la región.
En febrero de 2021, muchos residentes de Tigré carecen de acceso adecuado a alimentos, combustible, agua y medicamentos. Más de 200 mil personas son desplazados internos, mientras que decenas de miles también han huido al país vecino Sudán”, indicó Laetitia Bader.
En este sentido, la ONG lamentó que en varias ocasiones el Gobierno haya asegurado que las fuerzas federales etíopes no habían causado bajas civiles durante sus operaciones militares en Tigray y que habían evitado el combate en ciudades y pueblos de la región.
Y es que, según la organización, los testigos han descrito un patrón de ataques de artillería por parte de las fuerzas federales etíopes en Humera, Shire y Mekelle en noviembre.
En cada uno de estos ataques, las fuerzas especiales de Tigré parecían haberse retirado, mientras que en Humera las milicias locales carecían de una presencia significativa para defender la ciudad. Muchos de los ataques de artillería no parecían dirigidos a objetivos militares específicos, sino a zonas pobladas generalizadas”, comentó Laetitia Bader.
De este modo, la organización ha recordado que las leyes aplicables al conflicto armado en Tigré prohíben los ataques contra civiles y estructuras, los ataques indiscriminados y los ataques que se espera que causen un daño mayor a los civiles que el beneficio militar previsto.