El Salvador registró en marzo una de las jornadas más violentas en su historia. El 25 y 27 de marzo pasados, miembros de bandas delincuenciales como Mara Salvatrucha y el Barrio 18 ejecutaron a 87 personas.
Tras lo acontecido, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solicitó al parlamento un régimen de excepción, el cual fue aprobado. Éste implica la suspensión de la libre asociación, la privacidad de las comunicaciones, el derecho a la defensa y amplía la detención de 3 a 15 días.
El mandatario centroamericano decidió prolongar 30 días más el régimen de excepción el pasado 25 de mayo. Once Noticias conversó con Daniel Lizárraga, catedrático y periodista mexicano que vivió en El Salvador.
“En el reportaje que sacamos para El Faro, de Carlos Martínez, se puede ver que Bukele desde hace dos años y medio tenía un pacto con las principales pandillas, la más fuerte y conocida que es la Mara Salvatrucha 13 y con el Barrio 18. A cambio de una serie de prebendas en las presiones para los líderes de la ranfla”, indicó.
Lizárraga señaló que el pacto establecido redujo el número de homicidios en El Salvador, por lo que consideró de alguna forma regresó la paz pública al país centroamericano.
“Pero hubo una traición al pacto, en represalia la MS 18 (Mara Salvatrucha) ordenó múltiples asesinatos, ejecutando a más de 80 personas en un fin de semana. La cosa es que Bukele tuvo en sus manos liberar a ciertos líderes de la MS y con eso no se hubiera desatado la carnicería”.
Además explicó que los grupos criminales pusieron un ultimátum al presidente de El Salvador. Comentó que Bukele tomó el camino equivocado para solucionar el problema.
El también editor en El Faro, mencionó que el régimen de excepción tuvo las condiciones que necesitaba Bukele para justificar la ofensiva contra las pandillas. Remarcó que no lo considera una guerra, porque para una tiene que haber dos bandos y las pandillas no han respondido.
“El régimen de excepción tiene varias aristas, están suspendidas algunas garantías individuales como el derecho de reunión y asociación, cosa que mina el ánimo de protesta social, situación que puede caer en lo autoritario”, señaló.
Las comunicaciones es otro derecho vulnerado, ya que la fiscalía puede intervenir llamadas sin necesidad de una orden judicial. Situación que se complementa con los cambios a ciertos códigos penales.
“Uno de ellos habla de que cualquier persona, sobre todo un periodista, pueden ser acusados de fomentar la imagen de las pandillas, por lo que no se puede dar a conocer una visión de las pandillas porque puedes ser acusado de apoyar su causa, se puede recibir hasta 10 años de prisión”.
También mencionó que los medios de comunicación locales sólo tienen información oficial, debido a que es muy complicado contactar a las pandillas.
“En el reportaje de El Faro publicamos la negociación, hay unos audios donde se reconoce el pacto. Esperábamos una reacción fuerte pero hasta el momento no la ha habido, aunque no la descartamos, hemos tomado medidas de precaución porque nunca se sabe”.
Lizárraga comentó que la ley tenía la intención de bloquear cualquier tipo de información de las pandillas. Hasta el momento, el gobierno de El Salvador no ha comentado del reportaje.
¿Se han violado derechos humanos?
“Han detenido a cualquier persona por el hecho de considerarla pandillero, sin derecho a tener una defensa, incluso pueden pasar más de 15 días sin ser presentados ante un juez. Es una serie de abusos, si la policía te considera pandillero por tener tatuajes te pueden encarcelar hasta 20 años”, explicó Daniel Lizárraga.
Agregó que ha sido una medida muy cuestionada, algunos inocentes han salido libres y otros hasta han muerto. Hay más de 35 mil detenidos y según un censo elaborado por el gobierno de Bukele, hay hasta 70 mil personas que pertenecen a una pandilla en El Salvador.
“Por los tatuajes detienen a muchas personas, cualquiera que tenga el tatuaje de una pandilla puede ser encarcelado. El problema es que las bandas reclutan por la fuerza y los tatúan como si fueran reses. Hay pandilleros reformados que acudieron a grupos de autoayuda religiosos y aun así volvieron a prisión sólo por tatuajes”.
El catedrático del CIDE puntualizó en que Bukele está creando un perfil autoritario, por lo que se espera persista la represión y sobrepoblación en las cárceles.
¿Había otro camino que tomar?
Daniel Lizárraga explicó que factores como la pobreza, la desintegración familiar y la violencia son un caldo de cultivo, mientras no se atiendan estas situaciones, el problema social no acabará.
Consideró que la situación no se va a resolver reprimiendo.
“Esto no quiere decir que dejen a estos grupos hacer lo que quieran, la gente ahorita puede estar tranquila y feliz, pero no observan que no se resolverá así. No sé qué convendría más pero los dos extremos son peligrosos, como no hacer nada y como reprimirlos, se genera odio social y tarde o temprano puede explotar”, externó el periodista.